El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México anunció que promoverá amparos contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), al considerar que algunas de sus disposiciones podrían poner en riesgo la propiedad privada y la seguridad patrimonial de las familias.
La dirigencia capitalina del partido, encabezada por Luisa Gutiérrez Ureña, señaló que el proyecto contiene nueve puntos que, desde su perspectiva, requieren una revisión antes de continuar con su proceso de consulta pública.
Entre las principales preocupaciones del PAN se encuentran una posible actualización de los valores catastrales que podría incrementar el impuesto predial, la aplicación de cobros a determinados terrenos baldíos o subutilizados y los mecanismos previstos para el aprovechamiento de predios desocupados.
También cuestionó los planteamientos relacionados con cambios en los usos de suelo, el aprovechamiento de la plusvalía, la capacidad de construcción y la eventual creación de reservas públicas de terrenos.
PAN pide retirar el proyecto
Ante estas inquietudes, representantes del partido solicitaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, gestionar formalmente el retiro del documento y abrir un diálogo con alcaldías, municipios, especialistas, académicos y habitantes de la zona metropolitana.
Además, anunciaron que buscarán la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, ante la Cámara de Diputados, para que explique los alcances de la propuesta.
El PAN también adelantó que impulsará foros de Parlamento Abierto y acciones legales para que las preocupaciones de los propietarios sean consideradas durante la revisión del programa.
Sedatu revisará los puntos cuestionados
La controversia ocurre mientras el proyecto se encuentra en consulta pública. Tras los señalamientos sobre posibles aumentos al predial y mecanismos de subasta de terrenos, la Sedatu reconoció que algunos apartados requieren mayor precisión para evitar interpretaciones equivocadas.
La dependencia sostuvo que el programa es un instrumento de planeación territorial y que no tiene facultades para establecer nuevos impuestos ni ordenar, por sí mismo, la subasta de propiedades. También anunció que revisará la redacción de los puntos que han generado dudas.
