La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que presentará una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contra dos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes señala de utilizar su cargo e imagen pública para comercializar enseres domésticos con presuntos sobreprecios.
El vocero del grupo parlamentario de Morena, Paulo García González, informó que la queja será dirigida contra los legisladores Daniela Álvarez Camacho y Andrés Sánchez Miranda, al considerar que incurrieron en promoción personalizada al colocar sus fotografías, nombres y logotipos del PAN y del Congreso capitalino en catálogos y productos para el hogar que se comercializan a través de una asociación civil.
De acuerdo con Morena, la venta de los artículos se realiza mediante la asociación Sumando Oportunidades, la cual ofrece más de 30 productos, entre ellos calentadores solares, tinacos, cisternas, colchones y electrodomésticos. Sin embargo, el partido asegura que los precios ofrecidos al público son superiores a los manejados originalmente por la organización y que la diferencia genera ganancias para quienes promocionan los productos.
Como ejemplo, los legisladores morenistas señalaron que un calentador solar con un precio base de 5 mil 740 pesos es ofertado en 6 mil 190 pesos, además de que existiría una comisión adicional por cada unidad vendida, lo que representaría un beneficio económico para el promotor del catálogo.
Asimismo, Morena sostuvo que la estrategia podría inducir a error a la ciudadanía, ya que los compradores entregan anticipos creyendo que acceden a un programa de apoyo gestionado por legisladores, cuando en realidad se trata de una operación comercial. Por ello, además de la denuncia ante el IECM, solicitará que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue el origen y destino de los recursos relacionados con esta actividad.
Durante la presentación de la denuncia, Paulo García también afirmó que los hechos podrían implicar posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la legislación local en materia de responsabilidades administrativas, al considerar que un servidor público no debe obtener beneficios económicos derivados de su función.
