Una deuda originada hace más de dos décadas vuelve a poner bajo presión al Gobierno de la Ciudad de México, luego de que la empresa AP American Protective, S.A. de C.V. solicitara continuar con el proceso para recuperar un adeudo superior a 2 millones de dólares, relacionado con la adquisición de chalecos antibalas para la entonces policía capitalina.
El conflicto se remonta a 1999, cuando se concretó un contrato para la compra de 8 mil 995 chalecos antibalas durante la administración en la que Alejandro Gertz Manero se desempeñaba como responsable de la seguridad pública capitalina. La empresa sostiene que entregó el equipo, pero el pago no se concretó debido a problemas relacionados con la carta de crédito acordada para la operación.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el monto reclamado asciende a 2 millones 17 mil dólares, cantidad que actualmente representaría alrededor de 34 millones de pesos, dependiendo del tipo de cambio utilizado para cubrir la obligación.
Reclamo llega a la administración de Clara Brugada
El representante legal de AP American Protective, Ysolino Antón González, pidió al juez que se obligue al Gobierno capitalino a cumplir con el pago, ya sea mediante una carta de crédito o mediante la liquidación directa en moneda nacional.
El litigio se ha prolongado durante aproximadamente 25 años y ha atravesado distintas administraciones de la capital. De acuerdo con los reportes, diversas resoluciones judiciales han confirmado la existencia de la obligación de pago, mientras que el gobierno local ha presentado recursos y argumentos para aplazar su cumplimiento.
La empresa ahora busca que se avance hacia medidas de ejecución que permitan garantizar el cobro de la deuda, incluido el posible embargo de bienes en caso de que la administración capitalina no cumpla con lo ordenado.
Una deuda que ha pasado por varias administraciones
El conflicto comenzó cuando Gertz Manero ocupaba un cargo relacionado con la seguridad pública de la Ciudad de México y se ha mantenido vigente a través de diferentes gobiernos.
La empresa sostiene que cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, mientras que el pago quedó pendiente por circunstancias relacionadas con la institución bancaria que debía respaldar la operación.
El caso representa uno de los litigios más prolongados relacionados con una deuda del gobierno capitalino y ahora coloca a la administración de Clara Brugada ante la posibilidad de enfrentar nuevas acciones judiciales para hacer efectivo el pago.
Por el momento, el conflicto continúa en los tribunales, donde deberá determinarse la vía para hacer cumplir la obligación financiera reclamada por la empresa.
