La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional una reforma del Código Civil de la Ciudad de México que establece que el incremento anual de las rentas de viviendas en la capital del país no podrá exceder el índice de inflación del año anterior.
Se trata de una medida que busca mitigar los aumentos desproporcionados en los precios de alquiler y proteger el derecho a una vivienda digna.
La resolución se dio en el pleno del máximo tribunal, que por unanimidad declaró válida la modificación al artículo 2448-D del código local, vigente desde agosto de 2024.
La decisión fue resultado del análisis de un amparo promovido por una empresa que argumentó que la norma limitaba la libertad contractual de los arrendadores.
Según la nueva regulación validada por la Corte, los contratos de arrendamiento de vivienda no podrán aplicar un incremento mayor que la inflación anual oficial.
En 2025, el alza de precios al consumidor fue de 3.69%, por lo que, por ejemplo, una renta de 10 000 pesos mensuales solo podría incrementarse hasta 10 369 pesos para el siguiente período.
Los ministros señalaron que esta medida contribuye a evitar la gentrificación —el desplazamiento de habitantes de zonas urbanas conforme suben los costos— y a garantizar un acceso más justo a la vivienda en una ciudad donde los precios de suelo han aumentado de manera significativa en las últimas dos décadas.
Aunque la SCJN respaldó la constitucionalidad del tope inflacionario, el tema ha generado debate entre especialistas.
Algunos economistas y expertos en políticas públicas sostienen que, si bien el control de aumentos protege a los inquilinos, no aborda la raíz del problema, que incluye la falta de oferta de vivienda asequible y la especulación inmobiliaria.
Asimismo, el tribunal dejó pendiente la definición de algunos aspectos relacionados con el Registro de contratos de arrendamiento, ya que el ministro presidente anunció que presentará un proyecto con ajustes específicos sobre ese punto.
