La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar de manera indefinida el debate de un proyecto clave que analizaría la constitucionalidad de normas relacionadas con los desalojos en la capital del país, en medio de protestas de organizaciones sociales y vecinos afectados.
El tema estaba programado para discutirse este lunes 19 de enero, pero el Secretario General de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, informó al inicio de la sesión que el asunto sería retirado del orden del día sin mayores explicaciones oficiales por parte de la ministra ponente, María Estela Ríos González.
El proyecto de sentencia que se pretendía debatir proponía declarar constitucional una versión del Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México que regula los desalojos.
Según ese planteamiento, los desalojos realizados con orden judicial y respetando el debido proceso no constituirían desalojos forzosos y, por tanto, no vulnerarían el derecho a la vivienda.
Organizaciones sociales, colectivos urbanos y personas que han enfrentado desalojos denunciaron que este enfoque debilita protecciones importantes para habitantes en situación vulnerable y podría dejar desprotegidos a quienes pierden su vivienda sin alternativas de reubicación digna.
La decisión de aplazar la discusión se produjo tras movilizaciones frente a la sede de la Corte, donde manifestantes instalaron bloqueos y demandaron que se otorgue derecho de audiencia a las comunidades afectadas, así como un espacio de diálogo con ministros para reorientar el contenido del proyecto.
Los inconformes señalaron que la reforma al artículo cuestionado ha tenido impactos negativos en personas que enfrentan desalojos, especialmente en contextos de gentrificación y juicios que consideran irregulares.
Con el retiro del proyecto de la agenda, la SCJN dará lugar a un análisis más amplio del tema, que según algunos comunicados podría incluir audiencias públicas y la participación de sectores sociales directamente afectados por las normas sobre desalojos.
Este aplazamiento representa un primer paso hacia una deliberación más profunda sobre el equilibrio entre el derecho a la vivienda y las figuras jurídicas que regulan la protección de inmuebles y relaciones entre propietarios y ocupantes en la Ciudad de México.
