La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Gobierno de Estados Unidos presentar pruebas que sustenten los presuntos vínculos de empresas y personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) con organizaciones criminales, al señalar que las irregularidades financieras no significan necesariamente que exista una relación con el crimen organizado.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las autoridades mexicanas revisan los casos de las personas físicas y morales incluidas en las listas de sanciones estadounidenses, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda.
Sheinbaum sostuvo que, cuando las investigaciones detectan movimientos financieros irregulares, las autoridades pueden tomar medidas para esclarecer el origen de los recursos; sin embargo, subrayó que esto no demuestra automáticamente la existencia de vínculos con grupos delictivos.
La presidenta insistió en que México necesita información concreta por parte de Washington para determinar si existen elementos que permitan iniciar investigaciones penales por presuntos nexos con la delincuencia organizada.
En ese sentido, explicó que, cuando la UIF encuentra elementos que apuntan a posibles irregularidades, debe actuar conforme a sus atribuciones y, cuando corresponde, presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de investigar los posibles delitos.
Sheinbaum reiteró que su administración atenderá los casos en los que existan elementos suficientes para proceder legalmente, pero insistió en que las acusaciones de vínculos con el crimen organizado deben estar respaldadas por información verificable.
Por ello, pidió a Estados Unidos compartir las pruebas que sustenten sus señalamientos para que las autoridades mexicanas puedan determinar las acciones correspondientes.
