La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó formalmente al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que busca limitar las pensiones consideradas “millonarias” que actualmente reciben exfuncionarios y altos mandos de diversos organismos públicos.
La propuesta, que modifica el artículo 127 de la Constitución, plantea establecer un tope de 70 000 pesos mensuales para estas jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos, lo que equivale a el 50 % de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo federal.
La iniciativa limitaría las pensiones de altos mandos y exservidores públicos que actualmente reciben percepciones muy superiores, en algunos casos incluso mayores al salario presidencial.
El límite de 70 000 pesos mensuales aplicaría tanto a pensiones futuras como a aquellas ya constituidas antes de la reforma.
Las pensiones financiadas con aportaciones voluntarias, las constituidas a partir de aportaciones sindicales o las pensiones no contributivas quedarían fuera de este límite.
También se prevén exclusiones para las pensiones de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades estiman que, de aprobarse, la medida podría generar ahorros anuales cercanos a los 5 000 millones de pesos, recursos que podrían destinarse a programas sociales.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, donde será analizada, discutida y eventualmente dictaminada antes de ser sometida a votación en el pleno.
El Gobierno federal defiende la iniciativa como una medida orientada a ordenar y armonizar los esquemas de pensiones públicas, eliminando privilegios considerados desproporcionados y promoviendo una administración más eficiente de los recursos públicos.
