Ante el persistente desabasto de medicamentos e insumos médicos en instituciones públicas, el Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra las empresas proveedoras que incumplan con los tiempos de entrega establecidos en sus contratos.
La propuesta fue presentada por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, quien planteó adicionar los artículos 54 Bis y 54 Ter a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objetivo de establecer consecuencias administrativas más severas para los proveedores que no cumplan con sus obligaciones.
Entre las medidas contempladas se encuentra el cobro de penalizaciones diarias por retrasos en la entrega de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos. Estas sanciones se calcularían tomando como referencia el valor de los productos que no hayan sido suministrados y el costo que representaría conseguirlos mediante otros proveedores.
Además, la iniciativa propone inhabilitar de dos a diez años a las empresas que incumplan total o parcialmente sus contratos, cuando esta situación afecte directamente la continuidad de los tratamientos médicos de los pacientes.
El legislador señaló que la falta de medicamentos no solamente representa un problema para las instituciones de salud, sino que también provoca consecuencias económicas para miles de familias, especialmente aquellas que deben comprar por su cuenta tratamientos para enfermedades crónicas u oncológicas.
De acuerdo con los datos y auditorías citados por el diputado, los incumplimientos de proveedores privados alcanzan un promedio de hasta 13 por ciento en claves prioritarias de medicamentos.
La iniciativa todavía debe avanzar en el proceso legislativo
Martínez Urincho sostuvo que las sanciones actuales no representan un freno suficiente para las empresas incumplidas, por lo que consideró necesario establecer mecanismos que tomen en cuenta las afectaciones que provoca la falta de suministros en el sistema público de salud.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Salud, donde deberá analizarse y, en su caso, elaborarse un dictamen.
