Para poder garantizar una menstruación digna en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Marisela Zúñiga, presentó una iniciativa.
A través de la iniciativa se busca reformar las Leyes de Salud y de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, para que cada centro penitenciario tenga los productos de higiene femenina para poder garantizar una menstruación digna a las mujeres y personas menstruantes.
La diputada de Morena explicó que los centros penitenciarios de la capital tienen una sobrepoblación, según la información del estudio denominado Diagnostico sobre la Gestión del Proceso Menstrual de las Personas Menstruantes y Mujeres Privadas de la Libertad en la Ciudad de México, que realizó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED).
“Derivado a esta sobrepoblación las condiciones de higiene y cuidado menstrual se ven mermadas; en dicho estudio se pone de manifiesto que no todas las personas contaban con los productos adecuados para que su menstruación se llevará en un ambiente adecuado, por lo que tenían la necesidad de utilizar lo que tuvieran a su alcance desde papel higiénico, trapos, prendas de ropa e incluso llegaron a utilizar cubrebocas”, subrayó.
Indicó que hay personas que están privadas de su libertad, por que algunas están bajo un proceso penal en su contra y mediante la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada o bien por sentencia firme se encuentran en reclusión.
Por lo cual asegura que es necesario que se ponga en el debate público las desigualdades estructurales, como el machismo, la misoginia y la falta de acceso a mecanismos de defensa.
Refiere que conforme al estudio realizado por InMujeres sobre Mujeres privadas de su libertad ¿Mujeres Invisibles? en el 2022, los estados con mayor número de mujeres privadas de su libertad son el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, siendo que el 27.4% de ellas ha esperado hasta más de dos años en tener una sentencia.
Así mismo en el informe, se dio a conocer que el 63.8% de las mujeres privadas de su libertad realizan alguna actividad laboral, y el 37.9% obtuvo algún beneficio no monetario consistente en cartas de buena conducta y el 27.9% una reducción en su condena.
“Esta iniciativa busca garantizar que las mujeres y personas menstruantes privadas de su libertad tengan acceso a su derecho humano a una menstruación digna; ya que si continuamos invisibilizando las necesidades y obstáculos de las mujeres y personas menstruantes para el acceso a sus derechos les continuaremos desdibujando su dignidad humana” finalizó.
La iniciativa fue turnada a la comisión de salud y de seguridad ciudadana para su análisis.
