El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los abogados de los campesinos de Tlaxcala quienes han reclamado al gobierno federal el pago por sus tierras que fueron ocupadas para la construcción de vías de comunicación solo buscan lucrar con la situación.
López Obrador sostuvo que en el conflicto con los ejidatarios de Santa Rita para pagarles un adeudo histórico por los daños provocados por la construcción de la autopista México Puebla el gobierno se basa en un avalúo elaborado por una instancia oficial, por lo que no puede violentar la ley y pagar más de lo que corresponde.
“Hay mesas de trabajo para negociar, pero por ningún motivo acepto, no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar porque sería lo mismo de antes.”
Llamó a los ejidatarios a no dejarse manipular por los abogados que los están asesorando, reiteró que los pagos deben basarse en avalúos realizados por una instancia del gobierno federal y por ello se ha generado descontento entre los abogados que representan a los campesinos, quienes exigen montos mayores.
“Y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar porque entonces sería lo mismo de antes ¿no? Estamos dispuestos a pagar de acuerdo al avalúo… entonces se está buscando pues un arreglo legal y decirle a los campesinos, pues que ayuden y que no se dejen manipular, porque sí se afecta a mucha gente que no pueden transitar (debido a los bloqueos), aun cuando se están desviando los vehículos por vías alternas y ojalá y ellos este entiendan esta situación”, comentó AMLO en su conferencia mañanera.
Ojalá y acepten las condiciones que son justas y que estén tranquilos; no se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes”, afirmó López Obrador.
Cabe mencionar que las manifestaciones se intensificaron y afectaron los tramos de la carretera federal Apizaco–Huamantla, el Arco Norte, la vía Tlaxco–Tejocotal, y la autopista Tlaxcala–Puebla, a la altura de la caseta de Zacatelco.
El conflicto radica en la falta de acuerdos entre los ejidatarios y el gobierno federal sobre el pago justo por las tierras expropiadas hace aproximadamente ocho años.
