Autoridades de la capital anunciaron un paquete de reformas legales enfocado en combatir el delito de extorsión, con especial atención en las zonas urbanas con mayor incidencia delictiva, como la alcaldía Cuauhtémoc.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reafirmó el compromiso de su administración para enfrentar la extorsión “de manera frontal” y fortalecer la colaboración entre los distintos sectores de la sociedad.
En su mensaje destacó la importancia de trabajar de la mano con empresarios, comerciantes, escuelas y organizaciones comunitarias para crear una red de apoyo que acompañe a las víctimas y promueva la denuncia.
“Una persona o una familia no puede enfrentar sola este delito”, enfatizó la mandataria, resaltando la necesidad de una estrategia integral que vaya más allá de las acciones policiacas.
Cambios clave en las reformas
Entre las propuestas que se presentarán ante el Congreso de la Ciudad de México figuran medidas para alinear el marco jurídico local con las acciones que se llevan a cabo a nivel federal, donde también se han aprobado cambios importantes para combatir este tipo de delitos en todo el país.
Las reformas contemplan:
Fortalecer la protección a las víctimas, reduciendo el miedo a denunciar y garantizando atención especializada.
Incremento de penas para casos de extorsión y tentativa, con sanciones más severas para los responsables.
Eliminar la obligación de denuncia formal como requisito para iniciar investigaciones: ahora bastará con un reporte para que las autoridades puedan actuar de inmediato.
Según las autoridades, esta modificación busca que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad puedan responder con mayor rapidez y eficacia, basándose en la información proporcionada por la ciudadanía.
La extorsión ha sido señalada como un delito en aumento en diversas regiones del país, incluso pese a estrategias recientes lanzadas a nivel nacional que incluyen manuales operativos unificados para fiscalías especializadas y mecanismos estándar de denuncia e investigación.
Expertos y autoridades coinciden en que la modificación de las leyes locales en la capital puede ser un paso relevante para cerrar vacíos legales y brindar herramientas más sólidas para la persecución del delito, así como para alentar a las víctimas a denunciar sin temor.
