La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su rechazo a la propuesta de un grupo de congresistas republicanos en Estados Unidos que plantea imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde ese país. De acuerdo con la mandataria, esta medida es discriminatoria y contraviene el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994.
El gobierno mexicano ya ha enviado una carta social a los legisladores estadounidenses para exponer su posición. Además, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, sostendrá encuentros con representantes del Congreso estadounidense, así como con organizaciones de la comunidad migrante. También se contempla la participación de una comisión del Senado mexicano, integrada por legisladores de distintos partidos, que buscará entablar diálogo con sus contrapartes.
Como parte de la respuesta institucional, la administración de Sheinbaum se ha enfocado en una estrategia de diálogo bilateral. Moctezuma Barragán se reunirá en los próximos días con agrupaciones de mexicano-estadounidenses y otros actores clave en Estados Unidos, con el objetivo de explicar por qué esta propuesta resulta
perjudicial tanto para México como para otros países que dependen del envío de remesas.
La mandataria exhortó a los paisanos residentes en Estados Unidos a hacer valer su voz y escribir a sus representantes en el Congreso para expresar su rechazo a la iniciativa. Según explicó, la medida no se limita a los envíos hacia México, sino que afectaría a todas las remesas enviadas desde EE. UU. a cualquier país del mundo.
El plan de imponer un impuesto a las remesas tendría consecuencias más allá de México. La India, por ejemplo, es el país que más remesas recibe en el mundo, y países de América Latina como Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia también dependen en gran medida de estos flujos económicos para el sustento de millones de hogares.
Para México, las remesas familiares representan una de las principales fuentes de ingreso en divisas, con una recaudación superior a los 60,000 millones de dólares anuales, según cifras del Banco de México. La implementación de un gravamen podría reducir estos lujos, afectar directamente a las familias receptoras e impactar negativamente en el consumo interno y el desarrollo regional.
El argumento central del gobierno mexicano se basa en el Tratado para Evitar la Doble Tributación, armado en 1994, el cual busca impedir que los ciudadanos y residentes fiscales paguen impuestos duplicados por ingresos generados en el país vecino. Imponer un impuesto adicional a las remesas violaría los términos de ese acuerdo, según la interpretación del Ejecutivo federal.
El tema también ha generado atención entre organismos internacionales y analistas económicos, que ven en la propuesta republicana un riesgo de afectar los lazos económicos bilaterales y de distorsionar uno de los flujos financieros más estables entre ambos países: el envío de dinero por parte de migrantes a sus familias.
El gobierno de México continuará con sus esfuerzos diplomáticos y legislativos para evitar que la propuesta avance. Las reuniones previstas, tanto con organizaciones comunitarias como con funcionarios de Estados Unidos, buscarán generar presión política interna en ese país y exponer los efectos adversos que tendría la medida.
La administración de Sheinbaum insiste en que el impuesto a las remesas sería una medida regresiva y contraria a los compromisos armados entre ambos gobiernos. México reitera su disposición al diálogo, pero advierte que tomará las acciones necesarias para proteger los derechos de sus connacionales y el marco legal vigente en materia fiscal internacional.
