La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, hasta el momento, no ha identificado un patrón sistemático que involucre a notarios o servidores públicos en los casos recientes de despojo de inmuebles.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que la dependencia mantiene abiertas distintas líneas de investigación para determinar si existen irregularidades o posibles actos de corrupción relacionados con expedientes anteriores.
La funcionaria señaló que las autoridades revisarán los casos en los que pudiera existir participación de servidores públicos de diferentes niveles o de personal adscrito a alcaldías. El objetivo, dijo, es detectar cualquier responsabilidad administrativa o penal.
Como parte de la estrategia reforzada contra este delito, implementada desde el pasado 5 de agosto, la FGJCDMX reportó el aseguramiento de 15 inmuebles y la detención de 24 personas señaladas por su probable participación en casos de despojo.
Durante este periodo se recibieron 89 denuncias, aunque no todas corresponden necesariamente a un delito penal.
La Fiscalía indicó que 14 casos presentan elementos para ser considerados como posibles despojos: 12 habrían ocurrido sin violencia y dos con violencia. Estos últimos corresponden a hechos registrados originalmente en 2022.
Además, 46 denuncias permanecen bajo análisis para determinar su clasificación jurídica, mientras que otros 29 casos fueron identificados como conflictos de naturaleza civil, por lo que no constituyen, en principio, un delito de despojo.
Aunque la Fiscalía capitalina no ha encontrado hasta ahora un patrón reciente que permita afirmar la existencia de una red integrada por notarios y funcionarios públicos, Alcalde Luján subrayó que las investigaciones sobre expedientes anteriores continúan.
La dependencia busca determinar si hubo irregularidades en procedimientos utilizados para apropiarse de inmuebles y, en su caso, identificar a quienes pudieran haber intervenido.
La estrategia también contempla investigar posibles actos de corrupción dentro de las propias instituciones encargadas de atender las denuncias y recuperar propiedades.
La titular de la FGJCDMX también señaló que uno de los objetivos para 2026 es alcanzar 10 mil acuerdos reparatorios en aquellos delitos que permitan este tipo de salida alterna.
La Fiscalía considera que no todos los casos deben terminar necesariamente con una pena de prisión, particularmente cuando existen mecanismos legales que permiten reparar el daño ocasionado a las víctimas.
