El Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas enfocadas en regular el uso de teléfonos celulares en escuelas de nivel básico y fortalecer las sanciones contra el phishing o fraude digital, medidas que fueron avaladas por unanimidad durante la sesión legislativa de este jueves.
Con 47 votos a favor, los legisladores capitalinos aprobaron modificaciones a la Ley de Educación local para limitar el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en planteles públicos y privados de primaria y secundaria.
La intención, señalaron, es disminuir distracciones en las aulas y promover un uso más responsable de la tecnología entre niñas, niños y adolescentes.
La reforma establece que los estudiantes no podrán utilizar teléfonos móviles durante el horario escolar, salvo en casos autorizados con fines pedagógicos, emergencias o situaciones especiales avaladas por docentes y autoridades escolares.
Además, las autoridades educativas deberán emitir lineamientos específicos para definir cómo se aplicarán las restricciones en cada plantel.
El dictamen también incorpora el concepto de “aprendizaje digital responsable”, con el objetivo de fomentar un uso crítico y seguro de las herramientas tecnológicas dentro del entorno educativo.
Por otra parte, el Congreso capitalino aprobó reformas al Código Penal de la Ciudad de México para tipificar y castigar el delito de phishing, considerado una de las modalidades de fraude digital más frecuentes.
Las nuevas disposiciones contemplan penas de entre tres y seis años de prisión para quienes utilicen mensajes, sitios web, aplicaciones o plataformas falsas para obtener datos personales o financieros mediante engaños.
Las sanciones podrán aumentar hasta en una mitad cuando las víctimas sean menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad.
Legisladores señalaron que la medida busca cerrar vacíos legales en materia de delitos electrónicos y brindar mayor protección a los ciudadanos frente a fraudes digitales.
Tras su aprobación, las reformas fueron enviadas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la Gaceta Oficial y posterior entrada en vigor.
