A través de una propuesta presentada en el Congreso de la Ciudad de México se busca transformar el programa Universitarios en Movimiento en un derecho constitucional y permanente.
El propósito de la iniciativa es garantizar el transporte gratuito para estudiantes y grupos vulnerables, suprimiendo la dependencia de decisiones gubernamentales o modificaciones en la gestión.
Se proponen reformas al artículo 8 de la Constitución local y al artículo 7 de la Ley de Educación, con el objetivo de que el acceso al transporte público sea un derecho transexenal.
Este beneficio estaría dirigido no solo a estudiantes universitarios, sino también a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan serias dificultades económicas para desplazarse.
La legisladora de la Bancada Naranja, Patricia Urriza Arellano, es la promotora de esta propuesta. Enfatizó que la movilidad segura y gratuita es fundamental para asegurar otros derechos básicos como la educación, la salud y el empleo.
De aprobarse esta propuesta, el transporte gratuito se consolidaría como un pilar para eliminar barreras económicas, permitiendo a estudiantes y sectores vulnerables acceder a oportunidades educativas y sociales sin restricciones derivadas de su situación financiera o política.
