El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentó la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social.
La Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, fue aprobada por el Congreso capitalino y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
A partir de esta nueva ley se sustituye a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, aprobada en el año 2000.
Con esta ley se busca impulsar políticas públicas y proporcionar un nuevo marco normativo para que el Estado garantice el pleno goce de los derechos universales de la ciudadanía.
“Hoy presentamos una ley que establece entre sus objetivos fundamentales algunos de los siguientes: garantizar el derecho al bienestar, que significa gozar de una vida digna para desarrollar las capacidades, vivir libres de pobreza y alcanzar el pleno florecimiento del desarrollo y la autonomía”.
“Brindar herramientas a la administración pública para cumplir con la responsabilidad social del Estado. (…) Esta Ley es la más importante de todas las leyes, si no existiera esta Ley tendríamos una democracia institucional, pero esta Ley lo que nos dice es que nuestra democracia tiene contenido y tiene adjetivos, busca el bienestar y la igualdad social”.
“Con esta Ley también priorizamos y atendemos, yo diría, el objetivo fundamental de la izquierda, que es la igualdad”, expresó.
Así como disminuir factores que fomentan la desigualdad; revertir procesos de segregación socio-territorial; organizar la prestación de servicios públicos universales, gratuitos, accesibles, suficientes y de calidad; coadyuvar al ejercicio del derecho a la ciudad; fomentar la reconstrucción del tejido social.
Establecer criterios para la formulación anual del presupuesto en materia de bienestar; fomentar propuestas de organizaciones ciudadanas en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas; y definir mecanismos y procedimientos que garanticen la exigibilidad de los derechos.
Para lograr estos objetivos, se establece la universalidad de las políticas sociales, progresividad y no regresividad, exigibilidad, igualdad, diversidad y participación.
Con mecanismos integradores de coordinación, ejecución y planeación más precisos que en la legislación anterior para atender a la población prioritaria en temas fundamentales.
“Temas relacionados con pobreza, discriminación, alimentación, educación, salud, tiempo libre de calidad, servicios públicos, espacios públicos, políticas de cuidado, vivienda digna para sí y para la familia, agua potable, empleo digno, movilidad, conectividad digital”.
“Y también enumera grupos específicos de atención prioritaria para el bienestar, como los grupos de migrantes, las víctimas de violencia de género y familiar, personas en situación de calle, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas de la población LGBTTTIQ+, personas con adicciones, personas con discapacidad y también el tema del medio ambiente”, detalló.
Se establece un programa especial de bienestar, un padrón unificado de beneficiarios de los programas y la articulación con las diversas instituciones, dependencias y las alcaldías; estas últimas, subrayó, deberán coordinarse con las áreas correspondientes del gobierno capitalino.
También garantiza las facultades de las alcaldías para instrumentar sus propios programas sociales en beneficio de los habitantes de su demarcación; así como fortalecer la coordinación entre los niveles de gobierno para implementarlos y maximizar su impacto.
Finalmente, el consultor internacional y académico Pablo Yanes Rizo compartió que la publicación de esta Ley será una guía para construir los derechos que derivan en el bienestar de la población en sus distintas dimensiones: económicas, sociales, culturales y ambientales.
“No es simplemente un cambio de nombre, es reforzar una mirada, la mirada de los derechos y la mirada de la igualdad. Seguramente, esto seguirá abriendo camino en el país y en América Latina.
