Ha sido propuesta una iniciativa para establecer una pensión alimenticia mínima del 40% del salario del deudor, pero si no es posible, establecer como mínimo los 5 mil 255 pesos al mes.
La iniciativa de ley ha sido implementada por el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Norberto, ante el pleno.
El legislador señala que actualmente la ley no indica una cantidad mínima para determinar el monto de las pensiones alimenticias, afectando aún más cuando alguna de las partes decide renunciar, ocultar sus sueldos, pedirle a su patrón que declare un sueldo menor.
Ocasionando que los jueces finalmente determinen que el pago sea por una cantidad mínima de pensión.
“El tema aquí es: ¿qué persona puede vivir con 500 o mil pesos mensuales para cubrir los gastos de comida, vivienda, médico, escuela y en general, las necesidades básicas de sus hijos, o de aquellas personas con algún tipo de discapacidad? Tan solo, con datos del INEGI a octubre de este año, una canasta básica conformada por 24 artículos tiene un costo aproximado de mil 038 pesos”, explicó.
Enfatiza la importancia de que se atiendan los 2 problemas cruciales que enfrentan las pensiones alimenticias por el Poder Legislativo, una de ellas es que se garantice que sean cumplidas por los deudores, al parecer esto ya lo está estudiando la Comisión de Justicia mediante la Ley Sabina.
Así como la insatisfacción de las pensiones, ya que algunas personas solo entregan la cifra de 500 pesos mensuales.
“Y por otro lado, la insatisfacción de las pensiones alimenticias, porque muchas personas entregan cantidades insultantes y totalmente fuera de la realidad.
“Por ejemplo, en el módulo de atención de su servidor han llegado ciudadanos a pedir apoyo jurídico, pues sus hijas e hijos reciben cantidades que van desde los 500 pesos mensuales”, reiteró.
Norberto Sánchez recordó que desde el año 2018 la Corte emitió un precedente para determinar la capacidad económica real de los deudores, por que el juez no debería limitarse únicamente a lo manifestado por las partes en el juicio, sino que tiene la obligación de recabar de oficio la información de ingresos que permitan evidenciar el origen de los recursos.
El proyecto de decreto será analizado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, ambas del Congreso de la Ciudad de México.
You must be logged in to post a comment Login