La iniciativa para regular los alquileres en la capital del país abrió un nuevo frente de debate en el Congreso local, luego de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) advirtiera que limitar los incrementos de renta únicamente a la inflación podría provocar irregularidades en el mercado inmobiliario.
Jesús Sesma, dirigente del PVEM en la Ciudad de México, señaló que su bancada no respaldará la propuesta impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, si no se incorporan modificaciones que, a su juicio, permitan equilibrar la protección de los inquilinos con los intereses de los propietarios.
El proyecto de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas contempla que los aumentos anuales de los alquileres no superen la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sin embargo, los legisladores del Verde consideran que esta disposición podría generar distorsiones en el sector y favorecer la aparición de un mercado informal de arrendamiento.
PVEM plantea un límite basado en el valor de las viviendas
Como alternativa, el partido propone establecer un tope para las rentas equivalente al 1 por ciento del valor comercial del inmueble.
De acuerdo con el ejemplo expuesto por Sesma, una propiedad valuada en dos millones de pesos podría tener un alquiler mensual de hasta 20 mil pesos bajo el esquema planteado por su bancada.
El coordinador del grupo parlamentario, Manuel Talayero, también cuestionó que las actualizaciones de los alquileres queden sujetas exclusivamente a la inflación. Sostuvo que la regulación debe combatir los aumentos excesivos y la gentrificación, sin generar incertidumbre para quienes ofrecen viviendas en arrendamiento.
Registro de contratos, otro punto de la reforma
Aunque mantiene diferencias sobre el mecanismo para regular los precios, el PVEM manifestó su respaldo a la creación de un Registro Digital de Contratos para formalizar los acuerdos entre arrendadores e inquilinos.
No obstante, propondrá ampliar de 30 días naturales a 30 días hábiles el plazo previsto para cumplir con el registro, con el propósito de dar más tiempo a los propietarios para regularizar sus contratos.
La discusión legislativa también buscará incorporar las opiniones de especialistas, propietarios, personas arrendatarias y otros sectores involucrados en el mercado de vivienda.
Congreso abrirá foros antes de votar la iniciativa
La Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino acordó organizar foros de análisis y consulta ciudadana para revisar los alcances de la propuesta presentada por Brugada.
Las comisiones de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia estarán encargadas de coordinar estos encuentros, en los que se examinarán las disposiciones antes de que el dictamen sea sometido a votación.
Con este proceso, la iniciativa continuará bajo revisión legislativa, mientras las distintas fuerzas políticas buscan definir un modelo que permita contener el encarecimiento de la vivienda, proteger a quienes rentan y ofrecer certidumbre jurídica a los propietarios.
