El delito de extorsión registró un fuerte repunte en la capital del país durante 2025, con un aumento de 260% respecto al año anterior, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los registros muestran que las denuncias por extorsión pasaron de 473 casos en 2024 a 1 704 al cierre del año pasado, un incremento que ha encendido las alarmas entre autoridades y organizaciones civiles.
Aunque las cifras reflejan un aumento considerable de las carpetas de investigación, las autoridades han señalado que parte del crecimiento podría estar ligado a cambios en la legislación y a una mayor disposición de las víctimas para denunciar.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha sostenido que la reforma del marco penal y mejores mecanismos de comunicación han incentivado más reportes.
A nivel nacional también se observa una tendencia al alza en este tipo de ilícitos: datos de seguridad pública señalan que las víctimas de extorsión alcanzaron cifras históricas entre enero y septiembre de 2025, con más de 8 500 casos reportados en todo el país.
Ante este panorama, el gobierno capitalino y federal han impulsado medidas para fortalecer la atención y combate del delito. Entre estas acciones se encuentran:
Estrategias integrales de prevención y persecución, coordinadas por el gobierno de la Ciudad de México, con mayor vigilancia y talleres para comerciantes y ciudadanos.
Reformas legales aprobadas por el Congreso capitalino y federal para homologar el delito de extorsión en todo el país y endurecer las sanciones.
Planes nacionales de seguridad que buscan bloquear líneas telefónicas utilizadas desde centros penitenciarios y desarticular redes dedicadas a esta práctica ilícita.
Expertos en seguridad consideran que el fenómeno exige un abordaje más profundo que incluya tanto medidas punitivas como acciones de prevención comunitaria, así como una mayor coordinación entre autoridades estatales y federales.
La extorsión, en sus diversas formas —incluido el llamado “cobro de piso” y fraudes telefónicos—, no solo afecta a víctimas particulares, sino también a pequeños negocios que enfrentan presiones económicas y riesgos para su operación.
En algunos casos, la falta de denuncia por miedo a represalias mantiene una “cifra negra” significativa de delitos no reportados.
Mientras tanto, sectores empresariales y organizaciones civiles han urgido a reforzar tanto las políticas públicas como los mecanismos de apoyo y protección para víctimas, con el fin de mitigar tanto el crecimiento estadístico como las consecuencias reales de este delito.
