El gobierno capitalino, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, realizó durante 2025 una de las mayores compras de suelo privado de su historia con el objetivo de impulsar la construcción y rehabilitación de viviendas de interés social, en un esfuerzo por atender la fuerte demanda habitacional en la capital mexicana.
Según funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el gobierno capitalino adquirió casi 200 000 m² de terrenos e inmuebles deshabitados o deteriorados para destinarlos a proyectos de vivienda popular, incluyendo nuevas unidades y rehabilitaciones de edificios existentes.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, destacó que esta estrategia forma parte de una política pública enfocada en garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible, sin recurrir principalmente a expropiaciones, sino mediante negociaciones, compras y demoliciones concertadas para liberar suelo urbano.
Los predios adquiridos o intervenidos suelen estar en condiciones de abandono o presentan alto riesgo de desplome, incendio o deterioro estructural, según dictámenes del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la ciudad, lo que representa también un riesgo para la seguridad de residentes y transeúntes.
Entre estas acciones, parte de los inmuebles que estaban desocupados serán rehabilitados y convertidos en viviendas accesibles, mientras que otros serán demolidos para construir nuevas unidades habitacionales.
El gobierno insiste en que los procesos se realizan con respeto a la propiedad privada y, cuando procede, mediante acuerdos con propietarios o, en algunos casos, con procesos de expropiación justificada por utilidad pública.
En 2025, la Ciudad de México ha fortalecido sus inversiones en vivienda social con un presupuesto histórico, destinado no solo a la construcción de nuevas unidades, sino también a créditos de mejoramiento, rehabilitación y apoyo para viviendas existentes.
Así, se han entregado miles de acciones de vivienda, créditos y soluciones habitacionales que buscan enfrentar la escasez y los altos costos del mercado inmobiliario capitalino.
Este enfoque responde, según las autoridades, a una necesidad urgente de vivienda accesible en una ciudad donde la demanda supera ampliamente la oferta, agravada por factores como el crecimiento demográfico y la dificultad de acceso a financiamientos tradicionales.
