Vecinos del edificio ubicado en República de Cuba número 11, acompañados por colectivos en defensa del derecho a la vivienda, marcharon hacia el Congreso de la Ciudad de México para entregar una iniciativa que busca establecer un protocolo claro y obligatorio para los desalojos, los cuales —denunciaron— actualmente se realizan con opacidad y violencia ante la falta de regulación.
Durante la movilización, inquilinos y activistas corearon consignas como “vecino callado será gentrificado” y “queremos vivienda”, y realizaron un cierre simbólico del recinto legislativo para compartir sus testimonios y exigir que se recibiera el documento. La propuesta plantea reformas a la Constitución capitalina y a diversas leyes secundarias para garantizar que ninguna persona se quede sin vivienda y evitar casos como el ocurrido en Cuba 11.
Frente al Congreso local, los vecinos reclamaron a las y los diputados la falta de normas que regulen los desalojos, lo que —afirmaron— ha permitido una “cooptación inmobiliaria” y la presencia de prácticas irregulares en torno a la vivienda. Señalaron que la ausencia de garantías legales facilita que se disfracen despojos como procedimientos legales, atentando contra el derecho a la propiedad, la vivienda y la vida de las personas.
Rocío, vecina de Cuba 11, expuso que desde hace cinco meses se mantienen en resistencia, pernoctando en un campamento improvisado donde adultos mayores y niños han soportado lluvias y bajas temperaturas, situación que atribuyó a un presunto fraude procesal. Aclaró que no buscan que se les regale vivienda, sino que se les permita adquirir, mediante crédito social, los departamentos que habitaron durante décadas.
Santiago, vecino de la colonia Mar Blanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde también se registraron desalojos irregulares, señaló que los apoyos otorgados por las autoridades son insuficientes. Indicó que los cuatro mil pesos destinados para renta no resuelven el problema en un contexto de altos precios inmobiliarios.
La iniciativa presentada propone reformas a la Constitución de la Ciudad de México, al Código Civil, a la Ley Registral y a la legislación en materia de turismo, al advertir que cada año se registran desalojos que encubren despojos, sustentados en posibles irregularidades en los procesos de regularización de inmuebles.
El documento advierte que esta situación deja en estado de vulnerabilidad a cualquier persona que habite un inmueble bajo contratos de arrendamiento o compraventa, al permitir desalojos arbitrarios. Para evitarlo, los promoventes exigen garantías previas a cualquier desalojo, el control de rentas, la asequibilidad de la vivienda y que ninguna persona sea desalojada sin una alternativa habitacional.
Asimismo, plantean que las personas desalojadas sean realojadas dentro de la misma unidad territorial o colonia, a fin de garantizar el derecho al arraigo, y que en estos procesos esté presente personal de derechos humanos para vigilar la legalidad de las acciones.
En los casos donde los desalojos no cumplan con los requisitos legales, la iniciativa propone que sean considerados como despojo y sancionados con penas de entre 10 y 20 años de prisión.
Finalmente, los impulsores llamaron a los legisladores a “romper el pacto inmobiliario” y advirtieron que la falta de acción representa complicidad, por lo que exigieron que la iniciativa sea asumida por el Congreso y se acelere su discusión y aprobación.
