El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma integral en materia de violencia de género, con el objetivo de endurecer sanciones, cerrar vacíos legales y fortalecer la protección a mujeres, niñas y adolescentes frente a distintos tipos de agresión.
Entre los principales cambios, se establece que el delito de abuso sexual será perseguido de oficio, además de que se incrementa la pena mínima de prisión de dos a cuatro años, acompañada de multas que pueden alcanzar hasta 113 mil pesos. La reforma también contempla como reparación del daño obligatoria la atención psicológica especializada para las víctimas, así como la asistencia del agresor a talleres de reeducación con perspectiva de género.
El paquete legislativo precisa de manera clara los conceptos de acto sexual, consentimiento y las circunstancias bajo las cuales este puede considerarse nulo, con el fin de evitar interpretaciones discrecionales que favorezcan la impunidad. Se define el acto sexual como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.
Asimismo, se reconoce el consentimiento como un elemento central, el cual puede ser retirado en cualquier momento por la víctima. La reforma aclara que el silencio, la pasividad o la falta de oposición no pueden interpretarse como consentimiento cuando exista intimidación, amenazas, abuso de confianza, de autoridad o condiciones de vulnerabilidad.
Otro de los puntos relevantes es que el grooming será perseguido de oficio bajo la figura de acoso sexual contra menores, cuando se realice mediante medios tecnológicos. Además, se crea el tipo penal de violencia familiar entre parejas y se amplía el existente para sancionar conductas violentas en relaciones de noviazgo.
La legislación también faculta al Ministerio Público para dictar medidas precautorias o de protección en casos de violencia vicaria, así como solicitar su ratificación ante un juez.
Al presentar el dictamen, la diputada de Morena Cecilia Badillo Obregón señaló que la reforma responde a una realidad cotidiana de abuso y acoso que enfrentan las mujeres en espacios públicos, el transporte, escuelas, centros de trabajo y en el hogar. Reconoció además las iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada en materia de protección a mujeres.
Finalmente, se aprobó una modificación a la Ley de Cultura Cívica para aumentar las sanciones por vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente dentro del ámbito familiar, al advertir que este tipo de conductas, si no se contienen, pueden escalar a formas más graves de violencia.
