El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 106 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión, medida que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general que unifique la tipificación del delito, sus agravantes, penas y mecanismos de atención a víctimas en todo el país.
De acuerdo con el documento, la reforma busca “eliminar vacíos legales que generan impunidad y establecer un marco homogéneo en las entidades federativas”.
Con ello, el combate al delito dejará de depender únicamente de los gobiernos estatales y pasará al ámbito federal, con la finalidad de garantizar la persecución y sanción de este ilícito.
El dictamen plantea una estrategia con cinco ejes operativos y preventivos: detenciones prioritarias mediante procesos de investigación, creación de unidades locales contra la extorsión, protocolos de atención temprana a víctimas, investigación a cargo de la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión, y campañas de información a nivel nacional.
Senadores de diferentes partidos coincidieron en la necesidad de “homologar las sanciones y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno”.
Entre los datos expuestos, se mencionó que en el primer semestre del año se registraron cinco mil 887 víctimas de extorsión en el país, según cifras del monitor de seguridad de la Coparmex.
El dictamen será turnado a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su análisis y eventual aprobación.
