La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado una carpeta de investigación en contra de Inés Gómez Mont por violencia intrafamiliar.
Inés Gómez Mont fue denunciada por su expareja Javier Díaz, padre de sus cuatro hijos mayores, por presunta violencia familiar.
Esta nueva demanda complicaría la situación legal de la conductora, quien se encuentra desaparecida desde 2021.
En respuesta a las acciones judiciales, Gómez Mont ha solicitado un amparo contra el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Este juez había ordenado que se presentaran dos de los hijos menores de edad, de 12 y 14 años, de su primer matrimonio para una evaluación psicológica, decisión que Gómez Mont busca revertir.
Tras ello, la jueza Patricia Marcela Diez Cerda, del Quinto de Distrito en Materia Penal, admitió el trámite del amparo y otorgó una suspensión provisional para proteger a los menores del acto investigativo.
La desición de la jueza fue bajo el argumentó de que dicha evaluación podría generar “victimización secundaria”, afectando el bienestar emocional de los menores.
“Es oportuno puntualizar que la pericial en materia de psicología, tendente a examinar a los menores víctimas, en su calidad de sujetos pasivos de un delito al ser valorados por un perito oficial, implicaría una revictimización o victimización secundaria, entendida como la suma de acciones u omisiones que generan un recuerdo victimizante (lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido en el momento del hecho delictivo) y que conllevan estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan su vida cotidiana, con la consecuente vulneración del derecho al más alto nivel de salud mental del niño o de la niña, ello es así, porque se sometería a la repetición de rememorar la experiencia traumática, lo cual debe evitarse. Así en el ámbito de la función jurisdiccional, las personas juzgadoras tienen el deber de protección de los menores lo cual implica salvaguardarlo de todo tipo de revictimización”, señaló la juez.
Parte de las medidas adoptadas incluye solicitar a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México la designación en un plazo de tres días de un funcionario público que actúe como representante especial de los menores.
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