La práctica denominada corrupción inmobiliaria, que consiste en la participación de funcionarios públicos en la construcción de inmuebles ilegales, ya es delito en la Ciudad de México.
Justo a mitad de la campaña para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la administración de Martí Batres publicó la reforma al Código Penal local que tipifica la corrupción inmobiliaria como delito y la penaliza hasta con 20 años de prisión, con la opción de aumentar 50% más la sentencia si se comete para obtener beneficios económicos.
En un acto público, el jefe de gobierno Martí Batres anunció la publicación de la reforma en la Gaceta Oficial de la CDMX que tipifica la corrupción inmobiliaria como delito y la penaliza hasta con 20 años de prisión y que a partir de este miércoles entra en vigor.
El jefe de gobierno destacó que el propósito de la reforma es sancionar a los servidores públicos que permitan o toleren la construcción de inmuebles o pisos adicionales fuera de la ley.
Batres Guadarrama detalló que en un año y medio las autoridades detectaron 130 obras irregulares con pisos de más, relacionadas con este grupo en la demarcación. Agregó que, hace poco, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) identificó otras cuatro obras con pisos excedentes. Y recordó que se tienen 12 órdenes de aprehensión autorizadas por jueces, nueve detenidos, cuatro prófugos y cuatro sentenciados.
“Algunos calculan que el cártel inmobiliario de Benito Juárez, por lo menos, ha ganado mil millones de pesos por permitir construcciones ilegales o autorizar pisos de más”.
La pena establecida se incrementará en una mitad cuando produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al servidor público, su cónyuge, padres o hijos, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado.
El incremento de la pena también aplicará cuando, por el acto de corrupción, sea beneficiado cualquier tercero que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa con el servidor público responsable.
