El presidente Andrés Manuel López Obrador, externó su respaldo al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Arturo Zaldívar, tras la investigación ordenada por el Poder Judicial.
López Obrador acusó que existe “una especie de venganza” en contra del exministro Zaldívar Lelo de Larrea, pues a diferencia de otros casos “dejaron entrar una denuncia anónima, y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita”,
“Y ahora ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Zaldívar”, agregó.
Aseguró que Zaldívar Lelo de Larrea cuenta con todo el apoyo y confianza del gobierno federal, pues declaró que lo considera un abogado integro que actúa con rectitud.
“Tiene todo nuestro apoyo, nuestra confianza, lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial que actuó con rectitud”, declaró el presidente López Obrador.
Nuevamente acusó que el Poder Judicial “está al servicio de potentados y de la mafia del poder económico y político”.
“No representan al pueblo. A ver si mañana que es seguridad, se da a conocer de cómo un grupo de magistrados ya resolvieron cancelar la prisión preventiva oficiosa, ya lo resolvieron, violando la Constitución. Todavía no resuelve la Suprema Corte y a ellos resolvieron y eso significa impunidad para presuntos delincuentes de mucha peligrosidad, mañana vamos a tratar de este asunto”, expresó.
Denuncia contra Zaldívar
Derivado de una denuncia anónima, presentada el pasado 9 abril, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, ordenó la investigación correspondiente en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, a la que le otorgó las más amplias facultades para que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para deslindar responsabilidades de carácter administrativo.
Presuntamente Zaldívar, habría “vulnerado” la autonomía e independencia de operadores del sistema judicial para “satisfacer intereses personales o de terceros”.
Así mismo se le acusa de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia de la Corte y considerado su mano derecha.
Esto “con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, indica el documento.
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