A las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc se presentaron indígenas oaxaqueños para exigir que las autoridades intervengan en su caso de presunta extorsión.
Los manifestantes expusieron que son víctimas de presenta extorsión, pues, para no ser retirados del predio donde viven, ubicado en calzada de La Viga, les han exigido un millón de pesos.
El grupo que hizo presencia ante la Fiscalía, la mayoría son mujeres triquis, otomíes, zapotecos, mixtecas y mazahuas, quienes acusaron directamente haber sido extorsionados por una agente del Ministerio Público, pese a que ya se encuentran en pláticas con el gobierno para comprar el lugar.
“Somos más de 150 familias que vivimos en calzada de la Viga 165, y la agente del Ministerio Público, Nohemí Ayala Reyes perteneciente a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y Protección Urbana, nos quiere extorsionar para dejar de vivir ahí, si no pagamos, nos van a mandar a granaderos.
“Nosotros estamos en pláticas con el Gobierno para comprar el lugar, pero nos parece injusto que nos saquen mientras negociamos”, acusó una mujer.
Anteriormente, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investigar casos de desalojos extrajudiciales.
El exhorto fue hecho luego de que recibió un cúmulo de quejas en contra de funcionarios de FIDAMPU, quienes presuntamente buscan extorsionar a las víctimas de un inmueble en disputa.
