El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, anunció la publicación de una reforma judicial en la Ciudad de México con la que se pretende incluir una “perspectiva social” en el acceso a la justicia para que se dé prioridad a los ciudadanos con alguna “desventaja social”.
Esta iniciativa esta centrada a las personas que tengan alguna desventaja social como en materia económica, en situación de marginación o que pertenezcan a la comunidad indígena.
“Con esta reforma se refuerza y se actualizan los principios bajo los cuales debe regirse la función jurisdiccional en la Ciudad de México, para garantizar el acceso a la justicia, priorizando a las personas y grupos sociales que se encuentren en algún tipo de desventaja social”, señaló.
De acuerdo con Batres existe una estructura socialmente desigual en cuanto a la justicia, toda vez que en ocasiones quienes tienen dinero son quienes pueden evitar la cárcel.
“Hay muchos pobres en las cárceles y muchos que tienen dinero libran la prisión, libran por ejemplo, la determinación de la acción penal, libran los procesos, y entonces hay una estructura socialmente desigual en el ámbito de la justicia”, señaló en el marco de la discusión en el Senado de la reforma al Poder Judicial.
Batres Guadarrama explicó que con esta reforma se supera la visión que existe de la “sola igualdad formal ante la ley”, la cual, consideró insuficiente para reconocer las desigualdades reales que hay en la sociedad al impartir justicia.
“Nos parece importante esta reforma, porque nos permite arribar a un estadio de sensibilidad de las personas juzgadoras, para detectar las condiciones en las que ocurren los hechos y, por supuesto, tener en cuenta la vulnerabilidad, desventaja o desigualdad en que pueda situarse toda persona al momento de acudir al sistema de administración e impartición de justicia”, señaló.
La reforma que ya ha sido publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, contempla una modificación en el artículo 35 del Poder Judicial, apartado A.
Se adiciona un párrafo que señala que “en la función jurisdiccional se privilegiarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva y los fines de la justicia social, a fin de que respecto de los elementos no esenciales en el procedimiento, impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”.
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