El Congreso de la Ciudad de México aprobó la propuesta del jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama sobre la iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de la capital.
Bajo el principio de objetividad, las personas juzgadoras podrán definir los elementos que no son esenciales en el procedimiento y emitir criterios que disminuyan dilaciones en las actuaciones jurisdiccionales.
Quedó asentado que con la adición de un segundo párrafo al artículo 35 de la Constitución local, “se garantiza el acceso a la justicia social, priorizando a grupos y personas en desventaja social”.}
“Aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional se privilegiarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, y los fines de la justicia social, a fin de que respecto de los elementos no esenciales en el procedimiento impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, de los derechos humanos, especialmente, de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”.
El diputado panista Diego Orlando Garrido López, aseguró que se logró una redacción “que no diera cabida a ambigüedades y que propiciará que los juzgadores siguieran contando con un criterio objetivo enmarcado en los principios de legalidad y certeza jurídica para todas sus actuaciones”.
Con 57 votos a favor, se logró dar paso a una reforma de grandes alcances y repercusiones en la administración y procuración de justicia, en la forma en que se emiten sentencias por parte de los magistrados, jueces y tribunales de la capital.
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