Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la CDMX, presentó una iniciativa de reforma a Ley de Vivienda y al Código Civil de la Ciudad de México para frenar el incremento de las rentas.
“Aquí estamos cumpliendo con un compromiso que hicimos de presentar una propuesta de reformas, es una propuesta de reformas directa, sencilla, concreta con medidas específicas” dijo el mandatario capitalino durante una conferencia de prensa.
La iniciativa consiste en tres ejes fundamentales en los que se establece que las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación del año transcurrido; establecer un registro digital de los contratos de arrendamiento; y delinear una política pública de construcción de vivienda para renta.
“En los últimos lustros las rentas de vivienda han subido de una manera excesiva en la Ciudad de México, este es un fenómeno que tiene un notable impacto social negativo, pues afecta más o menos a un millón de personas que rentan su vivienda en la Ciudad de México”, explicó.
Batres Guadarrama explicó que las altas rentas provocan la expulsión de habitantes de la Ciudad de México hacia la periferia.
“El alto costo y la elevación en el costo de las viviendas en alquiler, repercute principalmente en contra de los más pobres, es a los que les pega más; es decir, a las clases populares y a las clases medias populares”, señaló.
El Gobierno de la Ciudad de México construirá viviendas exclusivas para renta, con el fin de garantizar el acceso a un alquiler asequible para los capitalinos, en predios que comprará la administración o en su propia bolsa de suelo.
La reforma también instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Instituto de Vivienda a generar esquemas y programas dirigidos a la población vulnerable en situación de pobreza y de menores ingresos, para que puedan acceder a vivienda en renta.
Se propone modificar el Código Civil actual que permite que, cada año, puedan incrementar las rentas hasta 10 por ciento sobre la cantidad pactada.
También se propone la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata, donde el arrendador deberá subir el contrato en una plataforma, que será administrada por la Agencia Digital de Innovación Pública, en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato.
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