Ante el Congreso de la Ciudad de México, las víctimas de despojo se presentaron para denunciar que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), ha cometido opacidad y tráfico de influencias en sus casos.
Los dueños de los predios en diferentes alcaldías de CDMX, explicaron que por 15 años han estado en juicios o trámites con nulos resultados, sin poder hacer uso de sus propiedades.
Rigel Osorio Sierra, uno de los afectados, asegura que las autoridades no le dan respuesta alguna de su caso, así que acudieron a solicitar apoyo de los diputados.
“Nos tratan como títeres cuando vamos a verlos, dicen que nos dan solución y nos atienden, pero son idas y reuniones en las que no se nos da una resolución a nuestras demandas, por lo que vinimos a solicitar el apoyo de los diputados, porque al tratarse de este instituto, nadie quiere afectarlos”, señaló
Carlos Ruiz de Teresa, quien es dueño de un predio en la alcaldía Cuauhtémoc, esta en disputa con el INVI, pues la autoridad reconoce como propietarios a quienes invadieron los departamentos ilegalmente, quienes firman oficialmente como dueños, lo que se tomaría como delitos, sin embargo esto no es tomado en cuenta en su juicio.
“Llevo varias denuncias presentadas por despojo desde 2006, la última data de 2022 y lleva 14 meses sin avance, con 8 ministerios públicos distintos y un archivo de 4 mil hojas, donde la autoridad da como propietarios a personas que invadieron y ocupan los departamentos de manera ilegal, que firman de puño y letra como dueños, incurriendo en delitos gravísimo y que no toman en cuenta para la resolución”, explicó.
La vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez, recibió a los agraviados quien presentó un punto de acuerdo para exhortar al contralor general de la Ciudad de México, Juan José Serrano, para que realice las investigaciones ante el INVI sobre posibles actos de cohecho, tráfico de influencias, conflicto de interés y desvío de recursos a través de organizaciones, quienes han despojado de sus viviendas a terceras personas.
“Nosotros no estamos en contra de la vivienda para los que la requieren, pero que sea digna y se haga bien, sin afectar a terceros o con opacidad en la operación, porque nosotros hemos encontrado una red que involucra al director ejecutivo del INVI, Rodrigo Chávez Contreras, quien ha dado recursos y autorizado proyectos a su hermana Esperanza, a través de la asociación MUHL, pero además tenemos registrados otros casos que involucran a diversas asociaciones ligadas a diputados de esta legislatura y al mismo jefe de gobierno en litigios”, indicó la diputada por la alcaldía Tlalpan.
Las diputadas Daniela Salido Magos y Silvia Sánchez Barrios, escucharon los testimonios de los beneficiarios del INVI sobre los predios ubicados en Belisario Domínguez 43 y de Plaza Comonfort 22, los cuales posteriormente fueron echados para dar esas viviendas a otras personas con engaños y demandas sostenidas por el mismo organismo.
Tras la votación del punto de acuerdo, pasará a la próxima sesión del periodo extraordinario, en la que será votado nuevamente.
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