Gaby Salido presenta propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Privada, la diputada panista busca que exista un control más estricto de la actuación de los elementos de seguridad privada antes y después de que se cometa un delito, a través de la creación de un Protocolo Único de Actuación emitido por la Secretaría de Seguridad.
“Si revisamos detenidamente cada una de las peticiones en esta materia, muchas no están dirigidas a la persecución del delito o a la denuncia, ya que necesitamos que se garantice nuestra seguridad en todos los ámbitos, para estar en condiciones de realizar nuestras actividades cotidianes sin estar expuestos o vulnerables a ser víctimas de algún delito”, explicó.
Durante su exposición, la congresista, compartió que el impacto de los delitos que se cometen contra el patrimonio es del 55.5% del total de los ilícitos cometidos, es decir, los delitos contra el patrimonio representan más de la mitad de los delitos que se cometen en la capital, y muchos de ellos suceden en lugares como plazas, centros comerciales, supermercados; espacios donde la seguridad está en manos de empresas privadas dedicadas a prestar estos servicios.
Actualmente la ley dice que la Secretaría está facultada para emitir autorizaciones y constancias a empresas o instituciones para ejercer actividades de seguridad privada, y está facultada para regular esta materia; por eso se propone la creación de un Protocolo Único de Actuación para los elementos operativos de seguridad privada, que sea elaborado por la Secretaria de Seguridad. Y al cual deberán apegarse todos los elementos de seguridad privada si desean obtener la autorización para operar.
Por lo que se propone la creación de un Protocolo Único de Actuación para los elementos operativos de seguridad privada, el cual deberá ser emitido por la Secretaria de Seguridad, mismo que ya existe bajo la denominación de “Protocolo Nacional de Actuación para el Primer Respondiente”, el cual aplica únicamente para los oficiales adscritos a instituciones públicas en materia de seguridad.
De esta forma, todo aquel elemento de seguridad privada que sea testigo o sea informado de algún hecho delictivo, deberá actuar de acuerdo al protocolo establecido, y de no ser así, sea sujeto de recibir las sanciones derivadas de la omisión de su deber, inhibiendo así su posible colusión en los delitos.
“Por esta situación y para atender los llamados ciudadanos, es que debemos plantear desde la ley un aumento de responsabilidad, asumiendo así, como Congreso nuestra responsabilidad y deuda en materia de seguridad con la ciudadanía”, concluyó.
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